En la industria del transporte ya circula el rumor sobre posibles intenciones del gobierno de concesionar nuevamente la terminal de pasajeros del Puerto de Montevideo a operadores privados. Estas especulaciones han generado inquietudes, especialmente considerando que en 2015 la gestión de dicha terminal retornó al control estatal bajo la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Es curioso observar cómo, justo en los últimos meses de su mandato, el gobierno actual parece estar impulsando un proceso de concesión de la terminal de pasajeros del Puerto de Montevideo a manos privadas. Resulta difícil no preguntarse por qué esta decisión surge ahora, cuando el tiempo para implementar y supervisar cualquier cambio significativo es tan limitado, dada la transición natural entre administraciones.
¿Es una medida tomada con prisa para garantizar una gestión más eficiente, o hay intereses particulares que buscan asegurar un control privado antes de que el próximo gobierno asuma? La falta de un debate amplio y transparente sobre este tema, además de la aparente urgencia, genera preguntas incómodas: ¿Se está priorizando el interés público?.
En política, las coincidencias temporales raramente son casuales, y este movimiento final parece diseñado para dejar una huella que, intencionadamente o no, condicionará a la próxima administración.
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