No se puede dejar de soslayar que el Grupo de Empresas Katoen Natie (KNG), se encargó oportunamente de difundir exitosamente e intimidar a nuestro país con una cifra astronómica de una potencial demanda internacional, que nunca presentó contra el Estado y que dicha acción estaba encuadrada, en el marco de un plan estratégico empresarial a largo plazo con objetivos perfectamente definidos en el tiempo.
Esta estrategia fue clave en su primera etapa, entre otras cosas para presionar al gobierno uruguayo al final de una administración política y sentarse a negociar con el nuevo gobierno, las pautas de otro acuerdo, pero como extensión del entonces vigente, a cambio de que la trasnacional desistiera de la potencial demanda, aun faltando 10 años para el vencimiento del anterior.
El grupo empresarial se vanaglorió por adelantado de ganar con una sentencia favorable en caso de llevarse a un juicio internacional. Sino se negociaba otra extensión del acuerdo, se materializaría en forma inmediata el juicio, con las casi plenas seguridades de que Uruguay perdería el mismo, según los argumentos que la estrategia de marketing del KNG se encargó de difundir, contribuyendo a generar un escenario de aceptación tácita.
Fue así como la amenaza empresarial brindó sus frutos e instaló la idea en el gobierno que asumió en 2020, de evitar la potencial demanda del KNG a través de adelantar la negociación de un nuevo acuerdo, como si fuera la extensión del vigente negociado en el 2001 y que recién caducaba en el 2031.
La estrategia empresarial planteada inicialmente surgió tal efecto paralizador en la contraparte, o sea el gobierno uruguayo recién asumido, que éste aceptó de inmediato cambiar una eventual demanda por una extensión del “Acuerdo”, sin visualizar el escenario portuario en su conjunto y que las exigencias eran otras diferentes.
Esta decisión de aprobar ese tipo de acuerdo se tomó por el actual gobierno amedrentado por la intimidación, sin analizar debidamente ni convocar a especialistas, profesionales independientes, técnicos, autoridades responsables de ANP en anteriores administraciones, etc.
Si así se hubiese procedido, se podría haber contribuido a un análisis en profundidad del potencial escenario prospectivo en forma holística e integral, midiendo mejor las consecuencias, incluyendo muy probables potenciales acciones de reclamo de la contraparte Montecom en el marco del “Acuerdo de Protección de Inversiones con Chile”, por ser la empresa inversora de esta operadora de esa procedencia.
En tal caso, hubiese sido posible obtener toda la información y una posterior opinión suficientemente sólida fundada en documentos y argumentos jurídicos, reglamentarios, administrativos, comerciales, fácticos, etc. antes de tomar la decisión de no afrontar una muy anunciada demanda que nunca llegó y no haberse dejado intimidar sólo por temor a la misma, dejando de percibir la operativa portuaria en su conjunto y sus derivaciones.
La “prudencia” como guía en la gestión de los riesgos a los que se podría exponer el país, indicaba claramente que ante una posible demanda por un monto tan exorbitante de 1500 millones de dólares (5 veces el valor de la Empresa KNG en el Puerto de Montevideo), ameritaba obtener toda la documentación relacionada y llamar a los mejores profesionales y técnicos calificados, a fin de escuchar su opinión ante ese eventual escenario.
Sin embargo, se optó por descartarlo y someterse a la argumentación empresarial interesada de una sola empresa, amenaza mediante, ingresando el país por voluntad propia a un terreno en situación de clara desventaja ante un escenario de “negociación”.
El KNG explotó hábilmente el éxito inicial logrado con la intimidación, al aceptar Uruguay “quid pro quo”, o sea dejar sin efecto una posible demanda a cambio de una extensión del “Acuerdo” vigente hasta el 2031 por otro nuevo.
Asimismo, la empresa ante el nuevo escenario aprovechó su posición de fuerza e incluyó como parte del “Acuerdo”, la posibilidad de una inversión de 455 millones de dólares en los primeros 4 años, en la medida que se aceptaran ciertas condiciones no incluidas en el anterior y que el mismo se extendiera por otros 60 a partir de la firma en el 2021, o sea hasta el año 2081 y no desde el 2031 y por 50 años como estipula la ley.
Estas condiciones fueron aceptadas por el Estado uruguayo. Es muy dudosa la interpretación de si varias de las mismas están “ajustadas a derecho”, pues se hace difícil su encuadre en la Constitución de la República, Ley de Puertos y Defensa de la Competencia, Decretos en vigencia y TOCAF (otorgar monopolios de hecho, ausencia de procedimientos licitatorios o remates, plazos no previstos para renovar concesiones, etc.)
El nuevo “Acuerdo” incluyó modificaciones sustanciales al anterior, como el cuasi monopolio en la operativa con contenedores eliminando la libre competencia o concurrencia establecida por ley y sin considerar las condiciones a las cuales podrían exponerse ante eventuales reclamos de otras empresas, tomando claro partido por una posición.
También permitió en forma directa, sin procedimiento licitatorio y fuera del área concedida para la Terminal de Contenedores, la instalación de molinos para generar energía en un predio en el Cerro de 188 has. No consideró Comodatos vigentes hasta el 2030 de predios que convino, cuando se percató del error, pasasen inmediatamente sin prestación alguna para la Terminal. Extendió la vigencia de todos los plazos por 60 años por fuera de la normativa vigente. Obligó promulgar al PE dos nuevos Decretos (114 y 115 del 2021) conteniendo un nuevo “Reglamento General de Atraque de Buques” y otro “Régimen de Gestión”, ambos modificativos de la realidad normativa anterior e incorporados como parte del nuevo “Acuerdo”, entre otros….
Estas imposiciones de KNG fueron plenamente satisfechas por quienes negociaron en representación de Uruguay y en la actualidad, se supone tendrían que aplicarse en todos sus términos en el marco vigente del “Acuerdo” oportunamente suscrito, cosa que tampoco está ocurriendo.
Lamentablemente, en el mismo tampoco fue previsto un período de “transición” con una planificación para el pasaje paulatino de las diferentes líneas regulares de buques portacontenedores que escalan en Montevideo, por lo tanto, quien decide donde operan los buques es KNG, en lugar de la Autoridad Portuaria (ANP). Esta, debe satisfacer también los requerimientos no especificados en el “Acuerdo”, motivo por el cual tienen que consultar a la empresa en que muelles deben operar los buques portacontenedores de cada empresa naviera, en los públicos o los propios de TCP e incluso, a exigencia de ésta, promulgar ante la incerteza “Protocolos Adicionales” de exigua vigencia.
En fin, por una parte y hasta la firma del “Acuerdo”, hay que reconocer una estrategia exitosa aplicada por el staff de una empresa trasnacional, dado los claros beneficios obtenidos en el mismo para KNG, en detrimento de los perdidos por la ANP y que inciden en los costos portuarios del comercio exterior del país y que, por lo tanto, afecta a todos los uruguayos, además de las afectaciones a terceros operadores que en el marco de la ley operan hasta el presente en muelles públicos.
Seguramente, el proceso estratégico empresarial de la negociación aplicado por el Grupo de empresas Belgas de Katoen Natie, va a servir de referencia ineludible en algunos aspectos, como modelo para el análisis en el futuro a nivel académico. Sin embargo, en la práctica con su aplicación se creó una profunda confusión e incertidumbre para la gestión de la operativa por falta de previsión por la autoridad portuaria y los negociadores designados por el Poder ejecutivo.
Por otra parte, probablemente pasará a la historia como ejemplo de un “contrato incompleto”, negociado por el estado uruguayo por cándidos representantes. Es más, en consideración a que su expertise no los habilitaba completamente, tampoco fueron aparentemente lo suficientemente hábiles e inteligentes, a fin de asesorarse debidamente en áreas claves del “Acuerdo”, que requerían sin duda alguna, informes técnicos portuarios, comerciales y jurídicos de especialistas independientes.
En suma, se afectó el “interés general” por varias generaciones, se expuso al país a un arbitraje internacional ante la probable violación de un Acuerdo de Protección de Inversiones con Chilecon los costos millonarios que ello significa, excepto falle en contra de los Decretos del Poder Ejecutivo antes mencionados, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o se expida la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, ante eventuales abusos de posición dominante o concentración económica de las empresas pertenecientes al Grupo Katoen Natie, en sus prácticas de relacionamiento en el marco de los principios y reglas de la libre competencia para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores.
Finalmente, en nuestra opinión era indudable la necesidad de ordenar la operativa de la Terminal de Contenedores en el marco de un Acuerdo; no obstante, la Comunidad Portuaria en general, esperaba que fuera más justo para los intereses futuros del País y contemplara la libre competencia de otros operadores portuarios.
Pero además, no se tuvo en consideración, una simple línea de propuesta para atender el destino de más de un centenar de trabajadores, que vivieron tiempos de angustia ante la pérdida de sus fuentes laborales. Esto dejó en claro, la total falta de sensibilidad y la inexistencia de un mínimo de seguridades al no considerarse tampoco, las perspectivas que podrían abrirse para los funcionarios en el futuro con el monopolio de la operativa por TCP.
No menos importante, fue la ausencia de pautas claras en la implementación por etapas del Acuerdo, en fin, era de orden incluir una transición planificada que no dejase una situación por años de total desorden e imprevisión de la operativa portuaria, que requiriere continuos cambios, generando múltiples incertezas a los operadores y agencias navieras y que no se sabe cuando tendrá fin, pues los cronogramas están fuera de los tiempos previstos.
Por todo lo expresado, creemos que sólo queda como solución final para mejor resguardar el “interés general” de cara al futuro portuario, que aparezca algún líder político preclaro y coherente que debidamente asesorado, renegociación mediante, revierta a la brevedad esta situación tan gravosa para el país.
En tal caso, será necesario plantear los ajustes que correspondan ante el Grupo Empresarial Internacional (KNG), instalado en el Puerto de Montevideo en el 2001 y que permanecería por 80 años corridos, ahora como único operador de la Terminal de Contenedores, haciendo usufructo de una suerte de beneficios desmedidos, en desmedro de todos los uruguayos en el marco de un “Contrato Incompleto y Leonino”.
En fin, el Acuerdo con Katoen Natie, viene afectando la operativa portuaria desde el año 2021 por falta de previsiones, y ahora estaría exponiendo al país a otro reclamo internacional millonario, que pagarán todos los ciudadanos ante la incompetencia de un pequeño grupo de negociadores. Estos, actuando en secreto, y que sin consulta alguna, excepto con los técnicos de Katoen Natie, creyeron ser dueños de la verdad, incluso sin convocar o pedir opinión a los organismos técnicos estatales ni al directorio de la propia Administración de Puertos, cuyos integrantes se enteraron del Acuerdo por la prensa.
Dra. Silvia Etchebarne Vivian
Mag.en Logística y Gestión Portuaria